Share This Article
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca a través de la Resolución 2363 de 2020 compiló los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, autorizaciones, patentes de pesca y demás trámites concernientes al ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura en el país, lo anterior teniendo en cuenta que la reglamentación que se encontraba vigente respondía a múltiples actos administrativos, por lo que resultaba importante unificarlos en ejercicio del principio de seguridad jurídica.
A lo expuesto se debe agregar que, el dinamismo de la pesca y la acuicultura exigen de la Autoridad encargada la reglamentación de nuevas prácticas y actividades para la pesca comercial y de consumo, la pesca recreativa en estanques de cultivo, la exhibición de recursos pesqueros en acuarios, estanques o pozos y la comercialización de alevinos, permitiendo con ello mayor formalización, así como un control más efectivo y eficaz del aprovechamiento de especies vivas.
Vale la pena recordar el infortunado suceso que se presentó en el 2017 en el Centro Comercial Atlantis en la capital del país, donde se estaba realizando una exhibición con más de 40 animales exóticos marinos los cuales ante la ausencia del permiso de aprovechamiento para tenencia y exhibición, fueron decomisados por la Secretaría Distrital de Ambiente, entidad que no contaba con un Plan Operativo que permitiera mantener vivos y en condiciones adecuadas a estos individuos, por lo que fallecieron al poco tiempo de haberse realizado el operativo. A pesar de esta situación de generalizado conocimiento en el país, no se observa dentro de esta disposición normativa alusión alguna a los mínimos que deberán garantizarse ante eventos similares por parte de cualquier autoridad que deba intervenir.
Del mismo modo, no se evidencia la inclusión de programas o proyectos de educación ambiental que sensibilicen a los pesqueros respecto al aprovechamiento racional de estos recursos renovables, aspecto esencial para regularizar su actividad productiva, lo que permitiría que el país materialice los supuestos normativos compilados en esta disposición, protegiendo la sostenibilidad de los recursos y de la actividad económica relacionada con su aprovechamiento.
Igualmente es importante señalar que dichos escenarios de educación en torno a estos recursos y sus trámites son igualmente importantes para la ciudadanía en general, e inclusive para las Autoridades Ambientales y de Policía, toda vez que permitirá que se conozcan los permisos a tramitar ante cualquier actividad que se desee realizar, y las condiciones mínimas que deberán garantizarse cuando se evidencie su incumplimiento y sea necesario intervenir para restablecer el orden jurídico nacional.
Para conocer el contenido completo de la resolución en estudio, puedes acceder a:
